El Congreso busca aprobar una ley para los deudores de préstamos UVA, lo que derivará en menos préstamos hipotecarios. Los consensos que orbitan este tema terminan avalando políticas equivocadas.

Actualmente, desde el Poder Legislativo, se busca aprobar una ley para los deudores de préstamos UVA. Por desgracia, de esta forma, tendremos menos préstamos hipotecarios. Los consensos que orbitan este tema terminan avalando políticas equivocadas. Con estos créditos, para contemplar plazos largos, se prevé la actualización del capital por inflación. Creados en el 2016, estuvieron en auge hasta la primera crisis cambiaria del 2018. Con aceleración inflacionaria, la actualización de la cuota tendió a incrementarse en mayor medida que los salarios.

Lo que se busca, desde el Congreso, es sancionar una ley para abordar el tema, con la creación de un nuevo impuesto sobre la actividad financiera a los fines de subsidiar a los deudores hipotecarios UVA. ¿De qué forma? Si la inflación supera a los salarios, la cuota se incrementará siguiendo a los salarios. Y, si la cuota supera el 30% de los ingresos del deudor, el plazo podrá extenderse hasta un 25%. Tanto en una situación como en la otra, se compensará al banco con lo recaudado por el nuevo impuesto.

Para poder vislumbrar el déficit habitacional, basta con observar los últimos tres censos. De ellos, se desprende que, en 1991, el 68% de las viviendas eran habitadas por sus propietarios. Mientras que, en el 2001, el 75% de las propiedades estaban ocupadas por sus dueños. Y, por último, en  2022, dicho porcentaje ascendió al 66%. Queda de manifiesto que entre 1991 y el 2001, se pudieron expandir los créditos hipotecarios. Con estabilidad de precios, el acceso a la vivienda propia aumentó significativamente. En cambio, desde el 2002, con el cambio de régimen monetario, la ruptura de las cláusulas de los contratos y la vuelta a la inflación, el crédito largo empezó a desaparecer. El último censo pone en evidencia el retroceso social, siendo que el porcentaje de familias propietarias es menor que hace 30 años.

Con inflación crónica, generar condiciones para que existan créditos a largo plazo es mediante indexación. Cambiar los contratos privados perjudica a los que no tienen vivienda, ya que con políticas como estas tendrán menos posibilidades de acceder a un crédito. El impuesto para compensar a los bancos aumentará las imposiciones sobre el sector financiero. El único resultado posible es menos créditos a mayores costos, lo cual terminará perjudicando al conjunto de la sociedad. 

La estabilidad y el respecto a los contratos permiten, entre otras cosas, acceder a la vivienda propia con préstamos hipotecarios de largo plazo. Y, esto hace que las cuotas sean similares al costo de un alquiler. En estos contextos, los alquileres compiten con la oferta de créditos hipotecarios. En la Argentina, se rompen las condiciones para que haya créditos hipotecarios. Por su parte, también con la ley de alquileres, se rompen las condiciones para que haya más viviendas para alquilar.

En sí, lo complejo, en este y en otros casos, son los acuerdos o las visiones erróneas de la dirigencia en su conjunto. En tal aspecto, es ilustrativo que este proyecto de ley, fuera promovido por legisladores de los principales partidos. Es verdaderamente importante cuestionar estos consensos equivocados para implementar mejores políticas públicas.