Tanto el Gobierno como el Congreso tienen la responsabilidad de trabajar juntos para diseñar un sistema previsional que sea justo y sostenible.

La situación de los jubilados en Argentina es un tema que siempre ha generado debate, preocupación y, muchas veces, hasta indignación. 

En un país donde la población envejece y la expectativa de vida aumenta, garantizar una vejez digna debería ser una prioridad. 

Sin embargo, el reciente veto presidencial a la ley de movilidad previsional que aprobó el Congreso ha encendido nuevamente las alarmas sobre el futuro de nuestro sistema jubilatorio y, más importante aún, sobre el bienestar de quienes dependen de su jubilación para subsistir.

Según la teoría económica convencional, la seguridad en la vejez requiere dos instrumentos básicos: la suavización intertemporal del consumo (para garantizar cierta estabilidad en el consumo a lo largo de la vida) y el seguro (para proteger contra la incertidumbre de la longevidad). Estos conceptos no son meras abstracciones académicas, son la base sobre la cual se construyen los sistemas previsionales en todo el mundo.

Pero, ¿qué sucede cuando este sistema, en lugar de proporcionar seguridad, se convierte en una fuente de incertidumbre? 

Los números muestran un deterioro alarmante del poder adquisitivo de los jubilados. Entre fines de 2017 y julio de 2024, los haberes previsionales han visto caer su poder de compra entre 30% (quienes recibieron bonos adicionales) y 50% (quienes nunca recibieron bonos). Esto significa que hoy, los jubilados pueden comprar la mitad de lo que podían hace siete años y quienes recibieron bonos, pueden comparar el 70% de lo que consumían en aquel entonces. Si lo que se considera es el período entre 2020 y 2023 (con otra fórmula de ajuste jubilatorio en base a la recaudación de Anses), las pérdidas van en el mismo sentido (entre 30% y 45%). 

El Gobierno ha argumentado que, a partir de la implementación de la nueva fórmula de movilidad de enero de 2024, los haberes previsionales se han recuperado en torno al 10%, lo cual es cierto si se considera el promedio de haberes y de aumentos. Cuando se pone el foco en el grupo de la mínima (que representan el 50% de los beneficiarios), la capacidad de compra cayó 5%.  

Sin embargo, el resto de los jubilados que no recibieron bono sí se han visto favorecidos por una mejora en sus jubilaciones del 9% entre diciembre 2023 y julio 2024. 

Esto es lo contrario a lo que solía ocurrir: sorprendentemente, quienes reciben bonos han sido los que han perdido poder de compra y no aquellos que están en la parte alta de la distribución.  ¿Y por qué se da esto? 

Porque el refuerzo monetario ha permanecido fijo desde marzo, reduciendo los aumentos efectivos para los beneficiarios de la jubilación mínima. Poniéndolo en números, en septiembre, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $304.540 de jubilación, de los cuales $70.000 corresponden al bono. 

Sin embargo, con una inflación estimada en cerca del 100% para el año, el valor real de este bono se ha ido erosionando considerablemente. 

Recientemente, el Congreso aprobó una ley de movilidad previsional que mantenía la regla actual basada en la inflación, pero proponía un aumento retroactivo del 7,2% desde abril de este año y la creación de un ingreso básico garantizado acorde a la canasta de pobreza. 

Con estas modificaciones, la jubilación mínima para septiembre habría sido de $317.704, apenas un 4% más que la mínima vigente sumando el bono de $70.000. Sin embargo, el veto presidencial bloqueó esta propuesta, argumentando que comprometía la sostenibilidad fiscal al no especificar la fuente de financiamiento. 

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley habría sido al menos del 0,44% del PIB para 2024. ¿Es mucho o poco? La respuesta depende de lo que la sociedad está dispuesta a destinar a la seguridad social.

Tal como están las cosas, si la inflación sigue desacelerándose, se espera que también las jubilaciones mínimas comiencen a recuperarse y que el sistema en su conjunto mejore. Sin embargo, esta recuperación, aunque suene positiva, no contempla la historia completa. Una recuperación efectiva debería cubrir las pérdidas acumuladas.  En palabras simples, si perdiste la mitad de 100 manzanas y solo recuperás 10, todavía te faltan 40 manzanas para estar como al principio.

Moraleja, tener la mejor fórmula de actualización no sirve de mucho si la base de partida para el incremento de los haberes previsionales es débil. Sin un punto de partida adecuado, cualquier ajuste, por más eficiente que sea la fórmula, solo perpetuará las desigualdades y las carencias existentes. Que el punto de partida sea adecuado implica al menos tres cuestiones:

1. Que el cálculo inicial de los haberes refleje de manera justa la trayectoria laboral y las contribuciones de cada trabajador.
2. Que los salarios se actualicen correctamente en dicho cálculo.
3. Que las jubilaciones a las que se les aplica los aumentos no estén licuadas desde el vamos.  

Tanto el Gobierno como el Congreso tienen la responsabilidad de trabajar juntos para diseñar un sistema previsional que sea justo y sostenible, proteja a los jubilados de la inflación, asegure un ingreso digno y los haga partícipes del crecimiento. 

Para eso hay que tomar decisiones valientes y no tener miedo en plantear reformas que rompan con ya establecido, que antepongan el largo plazo por sobre consideraciones fiscales de corto plazo, garantizando así la protección prometida durante la vejez.