La mayoría de los estudiantes no alcanza lo básico en matemática, pero la ley prohíbe saber qué escuelas fallan. Sin información, no hay exigencia posible.

La Prueba Aprender 2024 volvió a poner en evidencia el estado crítico de la educación secundaria en nuestro país. Apenas el 14,2% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio en matemática. Más de la mitad —el 54,6%— ni siquiera logró el nivel básico. En otras palabras, miles de adolescentes que están por egresar de la escuela secundaria no comprenden las nociones matemáticas más elementales. No hablamos de álgebra avanzada, sino de operaciones básicas, proporciones o interpretación de gráficos.

El impacto económico de este fracaso educativo es tan profundo como silencioso. Un país donde más de la mitad de los jóvenes no domina conceptos matemáticos básicos está condenado a un rezago estructural en su capital humano. La falta de competencias elementales limita las posibilidades de inserción laboral, reduce la productividad y debilita la competitividad a largo plazo. En un contexto donde la economía del conocimiento y las habilidades cuantitativas ganan peso, los resultados de las Pruebas Aprender anticipan un futuro sombrío para cientos de miles de jóvenes.

Pero lo más alarmante no es solo el resultado: es que la legislación vigente conduce directamente a su ocultamiento. ¿Qué familia puede conocer el rendimiento en matemática de la escuela a la que concurren sus hijos y de otras cercanas a su domicilio? Ninguna. ¿Qué padre puede comparar opciones y elegir con fundamento? Ninguno. El artículo 97 de la Ley de Educación Nacional lo impide, al prohibir expresamente la difusión de los resultados por escuela: "La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización".

Este argumento, aunque bien intencionado en apariencia, ha servido en la práctica para consolidar el statu quo. La supuesta protección contra la estigmatización se ha transformado en una forma institucionalizada de ceguera: los padres simplemente no pueden saber qué ocurre en las escuelas. En lugar de promover mejoras, esta norma bloquea cualquier posibilidad de comparación objetiva y, por tanto, de exigencia. Porque no hay manera de exigir lo que no se puede conocer.

He advertido en numerosas oportunidades que esta disposición normativa es uno de los principales obstáculos para una auténtica mejora educativa. Y no soy el único. El 27 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei, a través del Proyecto de Ley de Bases, propuso modificar el artículo 97 para que los padres pudieran acceder a los resultados de las evaluaciones. El proyecto expresaba con claridad la necesidad de brindar herramientas concretas a las familias para tomar decisiones informadas. Lamentablemente, esa acertada decisión nunca llegó a cristalizarse.

Hoy tenemos un dato incuestionable: nuestros jóvenes no están aprendiendo matemática. Pero lo que los padres no podemos saber —y eso es lo verdaderamente inaceptable— es en qué escuelas ocurre con mayor gravedad y en cuáles no. Esa ceguera impuesta por ley bloquea no solo el derecho a elegir, sino también la posibilidad de exigir.

¿Por qué, entonces, nos negamos como sociedad a mirar los resultados de frente? ¿A quién protege esta opacidad?

Modificar el artículo 97 no es simplemente una deuda pendiente con las familias: es la condición necesaria para abrir la puerta a una educación basada en la rendición de cuentas, el mérito y la mejora continua. La falta de información pública sobre el desempeño escolar perpetúa el círculo vicioso del fracaso y la indiferencia. No se trata de buscar culpables, sino de habilitar soluciones. Si no damos ese primer paso —abrir la caja negra de los resultados— los padres seguiremos siendo meros espectadores de un sistema que fracasa, sin herramientas para ejercer nuestro rol esencial: el de exigir una educación de calidad para nuestros hijos.