Un país puede sostener una oferta muy amplia de formación docente y, sin embargo, no garantizar ni buenos maestros ni mejores aprendizajes.

La crisis educativa argentina suele discutirse a partir de sus consecuencias: bajos niveles de aprendizaje, dificultades de alfabetización y abandono escolar. Todo ello es relevante, por supuesto; pero existe una cuestión anterior, menos visible y sin embargo decisiva: la formación de quienes habrán de enseñar en las aulas. Si el maestro es un factor central en el proceso de aprendizaje, resulta inevitable preguntarse qué sistema hemos construido para formarlo.

La pregunta no es menor. En la Argentina existe una enorme cantidad de institutos de formación docente. Muchos realizan una tarea valiosa, pero ello no nos exime de plantearnos una pregunta elemental: ¿la magnitud de esa oferta ha ido acompañada de estándares exigentes, mecanismos serios de evaluación y una verdadera jerarquización de la profesión docente? No se trata de discutir si existen muchos o pocos institutos, sino de preguntarnos qué docentes egresan de ellos, con qué preparación y bajo qué exigencias. Porque una cosa es multiplicar la oferta de formación docente y otra, muy distinta, garantizar su calidad.

Como muestra basta un botón: un informe de julio de 2025 de Argentinos por la Educación señala que en 2024 existían 1.492 institutos de formación docente. Entre 2015 y 2024, la cantidad de egresados de esos institutos aumentó 54%, mientras que la de alumnos en los niveles inicial, primario y secundario apenas creció 1%. No es un dato menor: vuelve difícil seguir confundiendo cantidad con calidad. Un país puede sostener una oferta muy amplia de formación docente y, sin embargo, no garantizar ni buenos maestros ni mejores aprendizajes.

Basta comparar esta realidad con la de otros países para advertir la magnitud del problema. En Finlandia, ser docente no constituye una salida residual sino una profesión altamente exigente. Sólo los mejores alumnos del secundario tienen siquiera la posibilidad de aspirar a una carrera que, además, es universitaria. Para ingresar, se requiere un promedio de por lo menos nueve puntos, superar un examen nacional y luego atravesar una segunda instancia selectiva en la que cada universidad evalúa condiciones específicas. Allí no sólo se consideran conocimientos académicos, sino también capacidad de comunicación, actitud social y empatía. La carrera dura cinco años, requiere realizar una maestría, incluye prácticas desde el inicio y culmina con una tesis. Recién entonces el graduado puede aspirar a hacerse cargo de un aula. En Finlandia los maestros están bien remunerados, pero también altamente calificados.

En nuestro país, en cambio, durante demasiado tiempo se ha preferido discutir casi exclusivamente salarios, calendarios escolares o conflictos gremiales, dejando en un segundo plano la cuestión decisiva: la calidad de la formación de los docentes. Por supuesto, un salario digno es indispensable; pero jerarquizar la profesión docente exige también mayores requisitos de ingreso, una formación inicial más rigurosa, prácticas intensivas, evaluación periódica y capacitación continua relevante.

La Academia Nacional de Educación lo señaló con claridad. En junio de 2023 incluyó, entre las prioridades que deberían considerar quienes asumieran la responsabilidad de gestionar la educación tras el resultado electoral, la actualización de la formación docente y la instalación de un sistema de evaluación periódica del desempeño. No era una fórmula retórica, sino el reconocimiento de que sin buenos maestros ninguna reforma educativa habrá de producir resultados duraderos.

En la misma línea, el proyecto de Ley de Libertad Educativa dedica su Título V a la formación, carrera y evaluación docente, crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y establece evaluaciones periódicas. Más allá del debate que merezca cada artículo, el enfoque no puede ser más apropiado: coloca en el centro de la discusión una cuestión que durante demasiado tiempo se prefirió eludir.

La calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus docentes. Un país que tolera una formación docente heterogénea, fragmentada y con estándares muchas veces débiles no debería sorprenderse luego por los pobres resultados de sus alumnos. La crisis educativa argentina no habrá de revertirse mediante cambios cosméticos, ni multiplicando estructuras sin asegurar su nivel, ni repitiendo lugares comunes sobre la centralidad de la educación. Habrá de comenzar a revertirse cuando asumamos que formar maestros es, probablemente, la política educativa más importante de todas.

En este contexto, una pregunta resulta inevitable: ¿no ha llegado la hora de discutir, sin prejuicios, si la docencia no debería convertirse progresivamente en una carrera universitaria?

Se trata, sin duda, de una propuesta que habría de encontrar una férrea oposición en sectores de la comunidad educativa, pero ello no debería impedir el debate ineludible sobre la jerarquización y la exigencia de la formación docente.