Tal como lo propuso el diputado Alejandro Finocchiaro, es necesario reglamentar el derecho de huelga en la actividad para defender el derecho a la educación de aquellos que menos tienen y más necesitan

En septiembre de 2018 publiqué en este mismo espacio una nota titulada “La educación es un servicio público esencial,” la cual fue una de las primeras de las múltiples columnas que he publicado a lo largo de los años, tratando de derribar uno de los tantos tabúes que enfrenta la educación argentina: reglamentar el derecho de huelga en la actividad es la única forma de defender el derecho a la educación de aquellos niños y jóvenes que menos tienen y, por ende, más necesitan.

Este miércoles, una nota de Infobae adelanta el contenido de un proyecto de ley de Alejandro Finocchiaro, el cual podría significar la posibilidad de alcanzar una vida mejor para miles de niños y jóvenes. El mismo, en su artículo 1 explicita: “Declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

Recordemos que la Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación. Implícitamente, por ejemplo, en el artículo 14 al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades?

Los sindicatos docentes obviamente rechazan esta posibilidad, fundándose en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.

¿Es dicha interpretación correcta? La vida de muchos jóvenes que han transitado su educación obligatoria dentro de un sistema en los cuales son virtuales rehenes, ha sido irremediablemente afectada. Por ello, los paros docentes sí involucran un riesgo de vida para nuestros niños y jóvenes, su vida adulta sería radicalmente distinta de haber podido cursar, en igualdad de condiciones, la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Frente al proyecto de Alejandro Finochiaro recordemos que, en 2014, al enfrentar la administración del gobernador Daniel Scioli una larga secuencia de paros docentes, el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la misma idea. En sus propias palabras: “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a huelga en dicho sector”. Mariotto enfatizó: “Sin educación los niños no se forman, ni aprenden, ni se desarrollan como ciudadanos. Es por ello que, en su condición de derecho humano esencial, es también un servicio público esencial. Y por lo tanto su suspensión, aún en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar”.

Los chicos a los que hoy se priva de educación serán los desempleados de mañana. Es imprescindible que la sociedad tome consciencia de ello. ¿No es ello acaso un riesgo de vida? ¿No se está destruyendo su futuro? Ojalá el oficialismo y la oposición así lo entiendan y, por primera vez, la educación se convierta en una política de estado en nuestro país.