Es incongruente demostrar satisfacción con la baja del déficit fiscal y preocupación por la inflación, debido a que gracias a la inflación se bajó el déficit. Lo que preocupa es que desde diferentes espacios aparezcan ideas superadoras respecto al uso de la inflación para ajustar las cuentas públicas. Con posterioridad al punto crítico al que se llegó a mediados de 2022, con un ensanchamiento del déficit fiscal y una crisis de deuda pública en la que el Tesoro no pudo renovar la totalidad de sus vencimientos, en la segunda mitad del año pasado, el desequilibrio fiscal se redujo y se cumplió con la meta prevista con del FMI de cerrar 2022 con un déficit primario de 2% del PBI. En función de esta reducción del déficit, desde Economía se esperaba que la inflación cediera en el 2023. En efecto, en el presupuesto se estipuló una pauta de inflación anual del 60% y se manifestó la expectativa de que en abril del 2023 la inflación se ubicará en el orden del 3% mensual. A pesar de esto, el Indec anunció que, en enero, la inflación llegó al 6% mensual, superando noviembre y diciembre.

Para poder indagar en la relación entre inflación y déficit fiscal, pueden ser de utilidad los propios datos del Ministerio de Economía. Según éstos vemos que, en el segundo semestre de 2022 con respecto al mismo período del año anterior, la inflación fue del 85% anual, los ingresos tributarios crecieron a un nivel del 90% interanual y el gasto público primario (antes del pago de intereses de deuda) creció un 67% interanual. En pocas palabras, la inflación jugó un papel clave en la reducción del déficit fiscal. En un contexto de aceleración inflacionaria, mientras los ingresos tributarios suben a un ritmo similar al de los precios, la mayor parte del gasto público se actualizó por debajo de la inflación. Un ejemplo claro de ello es la pérdida de valor real que vienen sufriendo los haberes previsionales como consecuencia de la inflación. Dado esto, es que resulta contradictorio esperar que baje la inflación cuando se la está usando para reducir el déficit fiscal. De bajar, disminuiría la licuación de gasto público y aumentaría el desequilibrio fiscal.

Tomar a la inflación como instrumento de ajuste fiscal no es algo novedoso y siempre terminó igual. La administración anterior, al final de su mandato, también la usó para la meta del “déficit cero”. ¿Y qué sucedió? La inflación se aceleró al 53%, los ingresos tributarios crecieron al 48% y el gasto público primario creció al 37%. Mostrar reducciones del déficit fiscal atizando la inflación para que los ingresos públicos se inflen y el gasto público se retrase sirve poco y nada. En sí, hay que bajar el déficit para bajar la inflación, no subir la inflación para bajar el déficit. Por otra parte, se asume que es imposible corregir las deficiencias estructurales de organización que sufre el Estado. Cabe destacar que el ajuste fiscal por la vía de aumentar la inflación sirve para tener el visto bueno del FMI, pero no con quienes tienen la expectativa de que la inflación baje.

En resumen, para bajar la inflación hay que reducir el déficit fiscal basándose en un ordenamiento del Estado. Y hablar de un ordenamiento significa unificar impuestos, eliminar la coparticipación para que cada provincia y sus municipios se financien con los tributos que recauden y eliminar solapamientos de funciones. Con un Estado mejor organizado y más efectivo es posible alcanzar equilibrio financiero sostenible y, en simultáneo, mejorar la eficiencia en la gestión. Sin ello, no hay forma de que se pueda crecer con estabilidad de manera sostenida.