El cuestionamiento al funcionamiento de la inteligencia de Estado no es nuevo. Durante muchos años primaron tanto un “desinterés” como un “desconocimiento” de los asuntos vinculados a la seguridad nacional, lo que condenó al ostracismo la cultura de la “anticipación” –la verdadera razón de ser de la inteligencia nacional- a las amenazas a nuestro país. Por cierto, dicho “desinterés” por parte de funcionarios de un gobierno de turno se sustenta en presuponer que “no necesitamos saber”, tampoco “conocer”, menos “anticipar”, cuestionando así la tarea de Inteligencia en tanto actividad indispensable a la hora de discernir las complejidades propias de la política internacional y de sus implicancias para la seguridad del país.

Resultados a la vista de esta desidia –entre otros- han sido los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente.

La cuestión de fondo. En nuestro país, la inteligencia de Estado no ocupa un rol destacado en el debate de la política pública. A simple vista, se identifican tres posiciones sobre la materia: en primer lugar, aquella que aprecia una sobre-ponderación de la actividad, donde la Inteligencia gozaría de atributos de autonomía y ostentaría mucho poder político-institucional; una segunda, que reúne a quienes se encuentran en el extremo opuesto y que directamente acusan a la Inteligencia de “torpe” e “ineficiente”. Y, en tercer lugar, ubicada entre aquellas dos, encontramos otra postura tabú que tímidamente esgrime que no todo está perdido, que aún es alcanzable el “debería ser” de la Inteligencia de Estado y de las capacidades para llevarla a cabo. Pero cualquiera sea la cuestión, las malas prácticas actuales del sistema de inteligencia son motivos suficientes de crítica en titulares de prensa y en los medios de comunicación en general.

¿Por qué una inteligencia de Estado? El no disponer de una estructura de inteligencia acorde a los parámetros del siglo XXI implica simplemente desatender la seguridad del país. En la Argentina hasta el momento ha sido difícil diseñar una estructura de Inteligencia que alcance los estándares de eficacia que aborden determinados riesgos. Existen amenazas tales como el terrorismo internacional, la presencia de grupos ilegales armados que buscan apropiarse de territorio, el tráfico ilícito de drogas, el narcoterrorismo y la trata de personas. También los ataques cibernéticos, tales como la infiltración de los sistemas de comunicaciones electrónicas globales del estado Nacional –Defensa, AFIP, Anses, etc.-, o el incremento de capacidades militares de países vecinos, así como sus alianzas internacionales y/o las derivaciones de la situación existente en el Atlántico Sudoccidental –Malvinas, comercio, la explotación de petróleo y gas- y el futuro de la Antártida –recursos naturales-. Ello, sin considerar la inestabilidad actual que se percibe en la política internacional. Dan cuenta de esta realidad la guerra en Ucrania, el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente y los golpes de estado en África, entre otros. De igual manera, la competencia económica entre EE.UU. y China en América Latina, así como también la influencia política de Rusia e Irán sobre ciertos países en particular, con intereses enfrentados. Todos representan factores de atención para nuestro país, frente a los cuales la Inteligencia debería alertar con información “certera”, “confiable”, “pertinente” y “oportuna”, brindando al decisor elementos de juicio, anticipación y claridad.

En cualquier parte del mundo es natural que la Inteligencia sea ignorada y/o no reconocida, a pesar de aciertos que, por lo general, no trascienden. No obstante ello, esta situación en nuestro país se exacerba. Subsiste una necesidad de articular y gestionar la Inteligencia de Estado, máxime en un contexto donde su actividad ha estado muchas veces viciada de intereses políticos que nada tienen que ver con la seguridad nacional. La Argentina no puede darse el lujo de prescindir de un área crítica para el Estado.

De modo que, para enfrentar las mencionadas amenazas, la Inteligencia requeriría aggiornar dos elementos indispensables a la hora de generar valor agregado con capacidad de anticipar los problemas de seguridad nacional: incorporar recursos humanos especializados en diversos campos del conocimiento –ingeniería, minería de datos, ciberseguridad e Inteligencia, programación informática, matemática, geografía, medio ambiente, ciencia política, sociología, psicología y economía, entre otras-, y desarrollar dinámicas contenidas de sinergia grupal.

Profesor titular de Política Exterior Argentina, Ucema; profesor adjunto de Defensa y Seguridad, UBA; miembro consejero del CARI