El gobierno nacional presentó una nueva versión del Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para el 9 de julio. El mismo reemplazó el punto que mencionaba: “una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”, por otro que propone: “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

Como señala, días atrás, una nota de LA NACION: “La Casa Rosada aceptó, puertas adentro, la modificación en el Pacto de Mayo original sobre la inclusión de un compromiso con la educación pública, tal como reclamaron la UCR e importantes organismos de la sociedad civil, como la Coalición por la Educación”.

No dudo que a todos aquellos que impulsaron la modificación les importa la educación, pero, como señalé en una columna en este mismo espacio un año atrás, más allá de la expresión de deseos, lo relevante es decirnos cómo lo harían.

En aquella nota propuse la necesidad de tres leyes, las cuales he postulado en numerosas oportunidades, indispensables para reencauzar la educación en nuestro país, y me pregunté: ¿quiénes de los, por entonces, candidatos a la presidencia estarían dispuestos a enviarlas al Congreso? Es claro que el presidente Milei estuvo dispuesto; dos de dichas leyes se encuentran en el texto original de la Ley Bases.

El gradualismo no funciona, frente a la tremenda crisis que vive nuestro país; lo aprendido durante el gobierno de Mauricio Macri debería habernos dejado un claro aprendizaje. Por ello, hoy es tiempo de preguntarles a todos aquellos que han reclamado la incorporación de la educación en el Pacto de Mayo, si están de acuerdo o no con las siguientes leyes, las cuales, a mi entender, les otorgarían a aquellos niños y jóvenes que menos tienen y más necesitan, oportunidades impensables frente a la vergonzosa realidad que vivimos:

1) Modificar el artículo 97 de la Ley 26.206. Es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa. Las evaluaciones son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Por ello es imprescindible modificar dicho artículo, el cual establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.

2) La educación debe ser declarada servicio esencial. ¿Cómo lograr algo tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente? Encontrar una respuesta a este interrogante precede a cualquier discusión de fondo en cuanto a cómo mejorar la educación que los chicos reciben dentro de un aula.

Frente a la utilización sistemática del paro como elemento de presión sindical, la educación debe transformarse en un servicio esencial, regulándose el derecho de huelga en la actividad y defendiendo el derecho a la educación, de sobremanera de aquellos niños y jóvenes que pertenecen a las familias más desfavorecidas económicamente, generando de esta forma una mayor igualdad de oportunidades.

3) Modificar el artículo 7, de la ley 27.204. En octubre de 2015 el Senado aprobó una ley que prohíbe implementar exámenes de ingreso a la Universidad. El artículo 7 lo especifica taxativamente: “Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza en el nivel de educación superior”.

Es hora de sentarnos y admitir la realidad. El ingreso irrestricto es una real estafa para los estudiantes. El fracaso de miles de jóvenes argentinos que transcurren años en universidades de las que no se graduarán es altamente costoso. Como señala Alieto Guadagni: “No nos deben sorprender estos resultados negativos, que son el fruto de políticas en curso que perjudican directamente el futuro laboral, principalmente de los más pobres. Hay más de 100 países en todo el planeta, incluso aquellos comunistas, que plantean ingresos selectivos”. ¿Puede el resto del mundo estar equivocado? Seguramente no.

Su modificación evitaría dejar de estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de prepararse para insertarse exitosamente en el mercado laboral.

4) Redactar una ley que facilite el mecenazgo educativo a nivel nacional. Veamos, a modo de ilustración, el ejemplo de Uruguay, que cuenta con una legislación de dichas características, la cual facilita el funcionamiento de escuelas gratuitas de gestión privada, que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación a niños y adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando excelentes resultados académicos.

Su financiamiento es posible gracias al artículo 78 de la Ley 18.083/2006 y su modificación, el artículo 269 de la Ley 18.834/2011 (sintetizado): “Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: el 75% de las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa”.

Una legislación de mecenazgo educativo a imagen de la descripta permitiría incrementar el rendimiento académico, reduciendo a la vez la deserción, en contextos sociales claramente desfavorables.

5) Finalmente, la quinta legislación es de nivel provincial, no nacional. La misma la he propuesto en innumerables columnas de opinión desde el año 2010 a la fecha. Consiste en crear, por parte de los estados provinciales, una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos de aquellos alumnos que califiquen en virtud de un criterio socioeconómico definido por los respectivos distritos, la cual he denominado Educard. Esta marcaría un cambio de paradigma en la educación argentina pues, por primera vez, se generaría un instrumento adecuado para financiar la demanda de servicios educativos, a las familias, en lugar de a su oferta, las escuelas.

Nadie puede estar peor por tener la posibilidad de elegir. Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo; y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.

Yo me pregunto, ¿qué piensan sobre estas propuestas de legislaciones quienes han impulsado incluir la educación en el Pacto de Mayo? La Argentina se encuentra saliendo de una crisis que pudo haber sido terminal, no es hora de prometer sino de realizar. Es claro que también en educación, mejor que decir es hacer.

Miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de la Universidad del CEMA