Cuando se parte de una economía populista, el antídoto liberal puede resultar duro de tragar, pero sensato. Y ofrece una política económica adulta.

El liberalismo es una filosofía política que aboga por la libertad y la responsabilidad individual. Sin embargo, para desplegar lo mejor de nosotros bajo esta premisa, hacen faltas reglas de juego que nos impulsen en la buena dirección. Esto es, que existan instituciones que resuelvan el problema de la cooperación social incentivando la cooperación y el crecimiento.

La política económica liberal se estructura alrededor de una institución fundamental: la propiedad privada. Institución que cumple un rol económico clave, que es dar los incentivos para el esfuerzo productivo, la división del trabajo y el intercambio. Pero además tiene un rol político importantísimo, ya que es también la institución que consigue que cada individuo o grupo internalice las consecuencias de sus actos.

Como ya explicaron muchos autores, libertad y responsabilidad son inseparables; para vivir en sociedad maximizando la libertad individual, debemos entonces responder por lo que hacemos. O, como lo pone Deirdre McCloskey: el liberalismo es adultismo. En este sentido, la economía de mercado no promete soluciones mágicas ni panaceas; en cambio, sólo asegura que el esfuerzo con valor social llevará a mejores niveles de vida.

El populismo, en cambio, es una corriente que privilegia lo colectivo sobre lo individual y donde el Estado es un instrumento que no busca asegurar la libertad, sino empujar los designios de las supuestas mayorías. Si partimos de esta base, el Estado populista cae en tres pecados fundamentales, que son profundamente contrarios al ideario liberal.

Primero, plantea la interacción social como un juego de suma cero, donde el sector público es un gran redistribuidor de lo que gana uno para darle a otro, con el fin de alcanzar la denominada “justicia social”.

Segundo, en su afán redistribuidor, el populismo no es adulto, sino que privilegia el corto plazo, independientemente de los costos que haya que pagar en el futuro.

Y tercero, deviene rápidamente en un Estado corrupto, donde algunos sectores logran posicionarse para ser los privilegiados de la redistribución, mientras otros pagan la fiesta. Cuando se plantea la interacción en este sentido, se destruyen los incentivos a cooperar, invertir y crecer.

El caso de las jubilaciones

Lamentablemente, en la historia reciente de Argentina abundan los ejemplos de políticas que nos llevaron en la dirección populista. No es casualidad que el país haya acumulado 12 años de estanflación (estancamiento con inflación) entre 2012 y 2023.

Durante años, la regla fueron los controles de precios, subsidios, protecciones comerciales, regulaciones desmedidas, endeudamiento, uso de la emisión para financiar el gasto público y aislamiento internacional.

Un caso que merece comentario por su relevancia reciente es el de las jubilaciones y pensiones. El modelo populista llevó a la estatización de los aportes individuales que habían llevado adelante millones de trabajadores.

Se sumaron las moratorias previsionales, al punto de que hoy 70% de quienes se jubilan lo hacen sin haber completado los aportes. Y con una economía con cada vez menos trabajo en blanco, la proporción aportantes-beneficiarios cayó a apenas 1,5, cuando debería estar cerca de 4. En otras palabras, hay menos de la mitad de trabajadores que aportan que los que se necesitaría para que el sistema sea sostenible.

Empresas estatales

Otro es la creación de empresas públicas deficitarias, que sirvieron para acoger a algunos privilegiados sin que reportaran ningún beneficio para la sociedad. Y se agrega la protección comercial a algunas empresas monopólicas, que aprovechan ese paraguas estatal para vender a los argentinos los productos dos o tres veces más caros que su precio internacional.

Como una enfermedad que se expande por el cuerpo, las políticas populistas en el tiempo sólo empeoran los problemas. Y cuando llega el momento de responder, el costo que debe asumirse es mucho mayor al que hubiera sido originalmente, si hubiéramos decidido el camino de la responsabilidad.

Basta con ver lo que nos costaron las irresponsables estatizaciones de empresas, y lo que nos costarán, para entender las magnitudes de que hablamos.

La antítesis de estas políticas es la libertad y la responsabilidad. Una política económica donde las cuentas públicas están equilibradas, no se acumula deuda para que la paguen las generaciones futuras, las regulaciones son sólo las necesarias para ordenar la interacción social, el comercio es libre y la moneda sana.

Cuando se parte de una economía populista, el antídoto liberal puede resultar duro de tragar, pero sensato. Y ofrece una política económica adulta, que permite a las personas desarrollarse y vivir mejor.

* Profesor en Ucema y economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso