Es válida la autocritica hacia la gestión de los programas sociales, pero tampoco se resuelve pasando la gestión a los funcionarios nacionales. La asistencia social debe ser gestionada por autoridades locales pero con mecanismos más modernos de gestión.

La asistencia social estuvo en el centro de discusión recientemente y tiene que descentralizarse en los gobiernos locales. Más allá de esto, lo relevante es generar las condiciones necesarias para crear más empleos de calidad. Las cuentas públicas mostraron un fuerte aumento del déficit fiscal en mayo y la partida que más sube (aunque no es el único determinante del déficit) es la del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, por los planes asistenciales (esencialmente la Tarjeta Alimentaria y Potenciar Trabajo). Considerando abril y mayo, estas erogaciones pasaron de $100.000 millones el año pasado (2021) a $320.000 millones este año.

Desde la esfera política, se reivindicó el trabajo por encima del asistencialismo y se cuestionó la administración de los planes, se hicieron críticas a la imposición a los beneficiarios a participar en marchas, aportar a las organizaciones, entre otras. En efecto, los movimientos sociales tiene una influencia similar a la del movimiento sindical. Según datos del Ministerio de Trabajo y del INDEC, entre el primer trimestre del 2012 e igual periodo del 2022, hubo 2.800.000 nuevos ocupados, de los cuales el 26% (o 700.000) son empleados públicos, el 30% (900.000) son domésticas y cuentapropistas registrados en AFIP y el remanente (44% o 1.200.000) son informales asalariados o cuentapropistas no registrados. Esto refleja que el crecimiento del empleo en la última década se explicó por Estado, el servicio doméstico, monotributistas y por ocupaciones informales. Esta dinámica es decisiva para explicar las oportunidades que da la pobreza y la falta de empleos decentes para usar los planes asistenciales. La creciente influencia de los movimientos sociales se debe a la ausencia del sector privado en este esquema y a que no se generan empleos de calidad.

Es válida la autocritica hacia la gestión de los programas sociales, pero tampoco se resuelve pasando la gestión a los funcionarios nacionales. La asistencia social debe ser gestionada por las autoridades locales (que conocen mejor la realidad de sus territorios) pero con una simplificación mucho mayor, mejora del diseño y mecanismos más modernos de gestión. Estos deben gestionar la asistencia social y desde la nación auditar y publicar información sobre los resultados de la gestión a nivel local, mediante una agencia nacional.

Más allá de todo esto, las reflexiones vertidas en la semana sobre el tema deberían llevarnos al consenso de que no hay asistencia social (por buena que sea su gestión) que compense a la no generación de empleos de calidad. Y esto es fundamental para instrumentar las políticas necesarias y hacer reformas con tal fin. Para dinamizar el mercado laboral es necesario un contexto favorable a la producción y a la inversión. Y esto no es posible sin estabilidad macroeconómica, simplificación del sistema tributario, seguridad jurídica, mejores regulaciones y el desarrollo de infraestructura y logística. Resulta primordial bajar las cargas sociales (fundamentalmente para las pymes), descentralizar la negociación colectiva con respecto a las pymes y eliminar la multiplicación de la indemnización por despido para reducir y hacer más predecible el costo de la desvinculación laboral.

No es menor resaltar que los empleos de calidad no se pueden garantizar sin niveles de educación razonables. La prueba Aprender 2021 indicó que el 70% de los niños de nivel socioeconómico bajo no tiene capacidades de lectura. El problema en la educación estaba antes de la pandemia (está solamente lo agravo) y la gestión de las escuelas recae sobre las provincias.