En el Congreso, la situación del Gobierno es precaria. Los bloques oficialistas en Diputados y el Senado cuentan solamente con el 15 y el 10% de las bancas respectivamente.

El gobierno de Javier Milei viene de sufrir una serie de reveses en el Congreso en las últimas semanas. Ello podría agravarse esta semana si los diferentes bloques opositores reúnen los dos tercios necesarios para insistir el veto presidencial a reforma jubilatoria y si el Senado rechaza el decreto de necesidad y urgencia que aumentó el presupuesto de la SIDE. Los bloques de la Libertad Avanza en Diputados y el Senado cuentan con tan solo el 15 y el 10% de las bancas respectivamente. A la debilidad que genera la hiper-minoría en el Congreso debe sumarse las internas del oficialismo y una difícilmente explicable capacidad para expulsar legisladores. 

Luego de la aprobación de la reforma jubilatoria, apoyada por 2/3 de cada una de las cámaras del Congreso, el gobierno pareció tomar nota de la necesidad de ordenar la tropa y a la vez de una mayor coordinación con los bloques aliados. Sin embargo, el panorama dista de ser cierto y no está claro aún si el oficialismo podrá evitar nuevas derrotas en el Palacio Legislativo. Parte de la oposición impulsa además de los proyectos mencionados, otras iniciativas que suponen un aumento de gastos y que el gobierno se verá forzado a vetar en caso de ser aprobadas. Se trata siempre de cuestiones que son caras a la opinión pública como es el caso de las jubilaciones y la educación. 

Desde el punto de vista comunicacional puede resultar tentador retratar al Congreso como la sede de “la casta” o como “la máquina de impedir”. El problema radica en que un gobierno que está lejos de contar con mayoría eventualmente debe negociar con aquellos actores a los que se la pasa insultando. El Presidente no desperdicia oportunidades para marcar el contraste con el Congreso. Su discurso inaugural fue justamente de espaldas al Palacio Legislativo, toda una señal que no requiere mayores explicaciones. En los próximos días el gobierno enviará el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2025 y sería el propio jefe de Estado quien iría a presentarlo al Congreso -un hecho inédito. Una nueva muestra de la primacía que tiene la comunicación política. 

Parece claro que, si el gobierno insiste en chocar con el Congreso, ello debe resultarle funcional de cara la opinión pública. El interrogante en todo caso radica en los efectos colaterales que puede tener esta estrategia comunicacional. Tal como ocurrió con la ley de bases y el paquete fiscal, si el gobierno quiere aprobar el presupuesto 2025 deberá buscar el apoyo de otros bloques, aparte de los aliados habituales. Más aún, un eventual programa con el Fondo Monetario Internacional también deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo. El FMI a su vez en diversas oportunidades ha puesto el acento sobre la necesidad de que el ajuste y las reformas que promueve el Congreso cuenten con un amplio consenso. Implícitamente, el Fondo parece sugerir que cuando las reformas no gozan de un amplio respaldo no son sostenibles en el tiempo y pueden ser fácilmente revertidas por un gobierno de otro signo partidario. 

No solo por ello es relevante la relación entre el presidente y el Congreso.  En otras ocasiones sugerí que para analizar la situación política era conveniente recurrir a la figura de un triángulo, en cuyos vértices están a) la opinión pública y “la calle” (por esto me refiero básicamente a la protesta social); b) el mercado financiero y las empresas y c) el Congreso. Durante los primeros meses del año el mercado estaba exultante con el gobierno, principalmente debido al celo puesto en equilibrar la cuentes públicas y la capacidad del Banco Central de acumular reservas. El gobierno contaba a la vez con altos niveles de aprobación en las encuestas, aunque había interrogantes entre algunos observadores acerca de la tolerancia social al ajuste y la capacidad de controlar la calle. La capacidad del oficialismo de avanzar en su agenda legislativa era también un interrogante. 

Poco antes de la finalización del primer semestre el gobierno logró la aprobación de la ley de bases y del paquete de medidas paliativas fiscales. Todo sugería que los tres vértices del triángulo se ordenarían de manera virtuosa. Sin embargo, desde entonces, no ha sido el caso. Es cierto que el gobierno conserva niveles elevado de apoyo en las encuestas, especialmente si consideramos el ajuste en curso y la demora en la recuperación de la actividad económica. En los otros dos vértices el panorama es menos positivo. Desde hace unos meses el riesgo país ha oscilado entre los 1400 y 1600 puntos básicos, fenómeno que refleja las dudas acerca de la capacidad de pago de la deuda. Desatender la relevancia de la relación con el Legislativo no parece una buena idea, especialmente si consideramos que se trata de una cuestión a la que tanto los mercado como el FMI le prestan atención. 

En otros países de la región la solución que han encontrado los gobiernos de minoría para asegurar la gobernabilidad ha sido el presidencialismo de coalición que consiste básicamente en intercambiar cargos en el Ejecutivo por apoyo legislativo. El gobierno se muestra reacio a este tipo de arreglo, sin embargo. ¿Por qué? El ascenso de Javier Milei al poder se produjo en el contexto de un fuerte rechazo hacia la dirigencia política tradicional. El presidencialismo de coalición supone justamente acordar con parte de esa dirigencia, es decir con lo que el presidente llama “la casta”. Amén de ello, implica compartir los beneficios de un eventual éxito en la gestión, algo que el gobierno pareciera no querer hacer. En virtud de ello, todo indica que la relación con el Congreso estará signada por la tensión. No solo por la condición hiper-minoritaria del gobierno, sino también por su estrategia de comunicación política, la cual lleva a confrontar con el Congreso. Es en ese contexto que, hasta tanto se produzca la renovación del parlamento (y asumiendo que el oficialismo mejora su posición) el gobierno deberá probar su capacidad para aprobar leyes, evitar que le hagan nuevos goles, y sobre todo, ante la falta de un escudo legislativo fuerte, mantener un nivel de apoyo elevado en la opinión pública.