Si hay una meta que el Gobierno de Javier Milei no puede negociar es la de alcanzar el déficit cero. Cuidado, no es solo por razones económicas, que las hay, sino por una cuestión de supervivencia política. Dicho con otras palabras, el déficit cero es un interés vital de la actual administración.

Para entender por qué esto es así necesitamos recordar cuál fue la herencia recibida. El 10 de diciembre, el país se encontraba en medio de un proceso de espiralización inflacionaria. El Índice de Precios Minoristas se movía a una velocidad del 7% semanal y creciendo. Los problemas de escasez empezaban a acuciar; el faltante de combustibles había llegado a la Ciudad de Buenos Aires, e incluso se suspendían operaciones médicas por falta de insumos. La desconfianza tocaba picos, marcados por una brecha cambiaria de más del 150%. La actividad económica estaba perfilada para caer en el orden del 5% anual, luego de una década de estancamiento. La pobreza, en los mismos niveles que durante la pandemia, por encima del 43%; y la de los niños menores de 14 años por arriba del 50%.

Argentina estaba encaminada hacia una crisis económica que, de suceder, hubiese sido histórica. Es siempre difícil dimensionar lo que no ocurrió, pero está claro que habría tenido consecuencias graves en términos de nivel de vida, desarrollo de las nuevas generaciones y, además, gobernabilidad. Cambiar de rumbo no era una opción, sino que era el único camino posible para evitar el estallido.

Sobre eso hay que empezar a bajar a lo concreto y ahí es muy importante identificar el problema central, que debe atacarse antes que el resto. De la misma forma que para construir una casa no se comienza por las ventanas, la economía no puede estabilizarse y crecer si no se hacen antes otras cosas.

El principal desequilibrio macro que nos empujaba a la crisis era el persistente déficit fiscal, financiado con impuestos, luego con deuda, finalmente con emisión. Por lo tanto, eliminarlo es el primer paso en la operativización del cambio de rumbo, que quedó simbolizado en la frase presidencial “no hay plata”. Es lo que se necesita para lanzar un programa de estabilización y abrir la puerta a las demás reformas que demandan los argentinos. En otras palabras, en lo inmediato, el cambio de rumbo es igual a hablar de déficit cero. Renunciar a este objetivo, o no cumplirlo, implicaría poner en duda todo lo que sigue y repetir los errores del pasado.

Si terminamos con el déficit fiscal, terminamos con el endeudamiento público y con el Estado que absorbe todo el crédito de la economía; abrimos las puertas a que regrese el financiamiento al sector privado. Terminamos con “la maquinita” de imprimir pesos, el principal motor de la inflación; abrimos las puertas a la estabilidad de precios. Y terminamos con las subas de impuestos, abriendo las puertas a que baje la presión tributaria.

La confianza que está depositada en el actual gobierno parte del supuesto de que se logrará este objetivo inicial y que, sobre éste, se construirán los demás cambios. No por nada ha habido una fuerte recuperación en la paridad de los títulos públicos, y se han mantenido relativamente estables los tipos de cambio paralelos y la brecha.

Ahora bien, el cambio de rumbo tiene costos. Y son equiparables a los mal manejos que precedieron. Aun así, siguen siendo mucho menores que los del estallido económico.

Lo positivo es que el Gobierno tiene las herramientas para conseguir el déficit cero el primer año. No son necesarias leyes especiales del Congreso o decisiones de las provincias, aunque sí serían deseables para ordenar y distribuir mejor los costos de la transición.

En la contabilidad fiscal podemos distinguir entre dos tipos de gastos para el sector público: los que llamaremos obligatorios, y los discrecionales. Los primeros están determinados por Leyes específicas del Congreso, más allá de la Ley de Presupuesto. En este grupo entran, por ejemplo, los fideicomisos o las jubilaciones de privilegio. Entre los segundos, aparecen una montaña de gastos que el Gobierno decide discrecionalmente llevar adelante, como los gastos en pauta oficial o la obra pública. Como no se consiguieron las aprobaciones legislativas para avanzar sobre los obligatorios, entonces al Gobierno le queda avanzar sobre los discrecionales. Que ahora deben ajustarse todavía más, por no poder tocar los primeros.

Algo que desde el punto de vista social no necesariamente es óptimo. Seguramente sea más razonable avanzar sobre varios de los fideicomisos nacionales en lugar de reducir a su mínima expresión la obra pública o privatizar varias empresas públicas de dudosa utilidad social, antes que achicar los gastos en el área de defensa. Pero no es algo que pueda hacer el Poder Ejecutivo sin el aval del Congreso.

De la misma forma, hay que distinguir entre procesos de ajuste transitorios y estructurales. La caída en términos reales del valor de las jubilaciones y pensiones es un ajuste transitorio, explicado por la aceleración del IPC y la caída en el ciclo económico. Pero cuando la inflación baje y la economía se recupere, reestablecerán su valor real. En cambio, la reducción de la plantilla de empleados públicos sí es estructural, ya que baja el gasto público presente y también futuro. El superávit fiscal de enero está explicado por ajustes de ambos tipos. La clave estará en que, en adelante, el Gobierno deberá depender más del ajuste estructural y menos del transitorio. Cuánto más así sea, más confianza habrá en el programa económico.

No hay que esperar una transición fácil. Cada reducción de gastos implicará afectar algún interés. Y cada afectado contrapondrá seguramente buenas razones por las cuales el ajuste lo deba hacer otro antes que él. Más de uno intentará ejercer presión con todas las herramientas que tenga a la mano. Pero el margen para ceder en los recortes es mínimo. El déficit cero es como una represa, si empieza a haber grietas, es muy probable que colapse.

Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que el ajuste tendrá un impacto en términos de apoyo político. La clave será lograr una distribución lo más equitativa posible de los costos, para así afectar lo menos posible la legitimidad social del proceso. Aquí deberían jugar un rol fundamental el Congreso y las provincias, revisando leyes y gastos que no son compatibles con la austeridad fiscal que demanda el país. Y que para colmo, benefician a algunos grupos particulares, y no a la sociedad como un todo.

La supervivencia política del Gobierno está atada a lograr equilibrar las cuentas, pues es una condición necesaria, no así suficiente, para aspirar a entrar en la segunda mitad del mandato con la economía creciendo. Si sobre esto se sale del cepo cambiario y se introducen nuevas reformas para liberalizar la economía, la recuperación será aún más rápida y vigorosa, y el país se podrá encaminar hacia un verdadero cambio de modelo económico.