A más de un mes de la nueva gestión, podemos hacer un análisis parcial partiendo de aceptar que Argentina está inmersa en la crisis económico-social más importante de su historia moderna:

Producción: PBI agregado no crece desde 2011 y per cápita, en caída libre desde 2008.  

Salarios: formales e informales, en dólares, pulverizados.

Inflación: año 2023 con el 211%, y mensual casi del 30%.

Pobreza: mayor al 45%, con más del 50% en jóvenes; indigencia cercana al 10%.

Mercado laboral: más del 50% en la informalidad, y mucho formal bajo la línea de pobreza,

Seguridad, salud y educación: en crisis terminal, agravada por narcotráfico, crimen organizado, vergonzantes resultados PISA y los hospitales colapsados.

Mención aparte, la asfixiante carga fiscal; el elefantiásico gasto público; las innumerables regulaciones; trabas en el mercado de cambios; etcétera.

Respecto a la reforma del Estado, el norte es la baja sustancial del gasto público para poder disminuir impuestos y reactivar el empleo, porque se heredó un déficit fiscal de casi 5 puntos del PBI y 10 puntos del PBI cuasifiscal del BCRA. Por eso se fijaron en nueve los ministerios, aunque falta ver cómo se achica todo ese personal improductivo. Se anunció la revisión de las contrataciones de 2023, y que muchas no serán renovadas, pero quedan pendientes todas las sospechosas de años anteriores, así como los pases a planta permanente. Celebramos la baja de los bienes y servicios que usa el Estado como: rodados, aeronaves, viáticos y alquiler de inmuebles.  

Pero hay que tener presente que estas medidas para bajar el gasto público solamente refieren al nacional, quedando la parte de las provincias y municipios, que poco interés muestran en imitarlas. Entonces, para avanzar, será necesario mayor consenso y, caso contrario, ejercer presión en el marco de la ley.  

Respecto a obra pública, se impulsa el sistema de iniciativa privada a la chilena, lo que necesita algunas adaptaciones técnicas para lograr mejoras, bajar el erario y reducir partidas susceptibles de abuso por el funcionario de turno. Más ambiciosa resulta la privatización de empresas públicas como: AA, FF.CC. e YPF, que están superpobladas por empleados militantes y generan enormes pérdidas. Pero también hay casos en el sector financiero, como la banca pública nacional/provincial, que a veces actúa como brazo ejecutor de prebendas. Por ello hay que realizar reingeniería y puesta en valor, y con timing para la valuación.  

Sobre reforma tributaria hay que derogar regulaciones, kioscos y trabas burocráticas que perjudican a las pymes y grandes empresas. En impuestos, pese al compromiso a la reducción, lo actuado hasta el momento tiene gusto a poco; incluso, para el campo, subieron las retenciones, lo que fue atenuado por el aumento del T/C oficial. En individuos, se modificó el impuesto país y van a revisar el IG, 4a categoría.  

Es importante trabajar en un sinceramiento fiscal serio que, de tener éxito, reactivaría la construcción, limitada desde 2018 por la retracción del crédito hipotecario.  

Sobre la ansiada flexibilización laboral, ahora los gremios fueron a la Justicia en busca de cautelares, por lo cual es clave recordar que se trata del dinero de las obras sociales administradas por los sindicatos, y de los aportes que realizan los trabajadores compulsivamente. Por lo tanto, hay que modificar las leyes laborales y terminar con la pesadilla de los juicios y las extorsiones. También, impulsar los retiros del sector público para que los aptos sean incorporados al trabajo privado formal.

La apertura al comercio internacional evita proteger industrias ineficientes que solo benefician a empresarios prebendarios con favores políticos, y también revisar el Mercosur, pues al ser una unión aduanera genera más ineficiencias que beneficios.  

Una buena decisión fue eliminar las SIRA, mecanismo tóxico para favorecer a dedo, y su reemplazo, el SEDI, si bien no elimina los aranceles, agiliza y da mayor transparencia.  

En lo financiero, se restringió la oferta monetaria y se suspendió la financiación del Tesoro a través del BCRA, y no se licitan Leliq, lo que debería estimular a la banca para dar más crédito al sector privado. Además, se busca traspasar parte de los pasivos remunerados del BCRA para concentrar dicha deuda en el Tesoro y sanear el balance del organismo, como señal de estabilidad de precios, con reservas internacionales; por eso la suba del T/C oficial aportó unos US$ 3 mil millones del campo. Se sinceró el T/C oficial a $ 799,98 para mantenerlo alto y aumentar el poder del BCRA ante crisis.

Otro problema es la deuda con los importadores, donde la oferta de bonos Bopreal no ha tenido el éxito esperado, pero ante auditorías sobre el estado real de esas deudas, el monto se reducirá. Queda pendiente la liberación del cepo, pero se entiende la demora para evitar corridas que afectarían precios y salarios. El riesgo país se mantuvo alrededor de los 1.900 puntos básicos, lo que es una buena señal internacional de confianza y, a nivel local, el Merval creció en dólares un 25%.

También es necesario revisar a fondo los fideicomisos públicos, ya que disponen alegremente de recursos, casi sin control y representan el 3% del total de gastos presupuestados para la administración nacional, valor que está subestimado, ya que existen otros que no se encuentran expuestos en el Presupuesto y que solamente se detectan a través de las cuentas de orden del fiduciario que lo administra.  

Resumiendo, los avances no fueron tan contundentes como se esperaba, pero es consecuencia lógica de la realidad con la necesaria planificación estratégica, por eso es urgente reformular el Estado y lo laboral, como paso obligado hacia las reformas de 2a y 3a generación.  

Ahora bien, este proceso tipo tsunami debe estar acompañado de la reactivación de la economía productiva, ya que la micro es fundamental para lograr armonía en la transición. Por eso proponemos el fideicomiso como palanca vital para el desarrollo sostenible, ya que su aplicación práctica es lo que realmente genera cambios sustanciales en la economía, uniendo el espíritu emprendedor y el conocimiento con las fortalezas de la figura.  

Sostenemos que el espíritu privado es el verdadero motor del crecimiento y el desarrollo, pero que necesita para expresarse virtuosamente de reglas promercado claras por parte del Estado.  

La vital reactivación puede ser acelerada por parte del Estado utilizando los bienes improductivos disponibles en todo el país para que la iniciativa productiva privada arme proyectos con fideicomisos, tanto en las economías centrales como regionales.  

El Estado dilapida recursos valiosos como campos, depósitos y lotes subexplotados o improductivos, dando lugar a que unos pocos se aprovechen del proceso, por ejemplo, para especulación inmobiliaria o despilfarro de los fondos resultantes en gasto público corriente.  

Como solución, impulsamos una alternativa superadora a partir de inmuebles seleccionados sobre los más de 80 mil que dependen de la AABE, para ponerlos productivos a través de planes, donde los privados podrían lanzar proyectos de riesgo empresarial que generen trabajo genuino.

En el pasado estos proyectos han fracasado, pero fue mayormente por abusos del Estado, por eso la clave es estructurarlos como fideicomisos cuya base jurídica protege ese patrimonio poniendo una barrera a la voracidad del príncipe, lo que permite atraer inversores locales y externos.  

Este impulso inicial a lo privado a través de la cesión temporal de bienes resuelve los problemas de financiamiento actuales, lo que sumado a proyectos con fines específicos estructurados como FID, crearía la sinergia necesaria público-privada aprovechando las ventajas comparativas, creando trabajo genuino en pos de la prosperidad económica federal.

Queda demostrado que vamos en el buen camino y que el fideicomiso puede acelerar la reactivación en pos de un mejor país, generando transformaciones que promuevan el desarrollo para lograr el progreso digno de todos los argentinos.

*Doctor en Dirección de Empresas. Presidente de la Aafyfid y profesor titular de Ucema.