OPINIÓN, columnista invitado | Es la respuesta para intentar revertir el revés electoral y busca compensar el deterioro del poder adquisitivo en el bolsillo de jubilados y pensionados, monotributistas y trabajadores informales.

Las medidas anunciadas (un bono de $12.000 para jubilados y pensionados, que cobren hasta 2 haberes mínimos y $18.000 para monotributistas, categorías A y B, trabajadores informales y para trabajadores de casas particulares), para compensar la pérdida de poder adquisitivo tras la disparada en la tasa de inflación, tendrán un costo fiscal de $185.000 millones (0,26% del PBI).

El nuevo impulso fiscal es la respuesta para intentar revertir el revés electoral y busca compensar el deterioro del poder adquisitivo en el bolsillo de jubilados y pensionados, monotributistas y trabajadores informales. Según el Palacio de Hacienda, esta expansión fiscal no significaría un desvío de la meta de ajuste pactada con el FMI (2,5% del PBI de déficit fiscal primario). Por otra parte, la misma fuente, remarcó que se cumplió con la meta de déficit fiscal para el primer trimestre de 2022, acumulando 0,25% del PBI (respecto al 0,32% del PBI firmado en el acuerdo).

En pocas palabras, los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores de casas particulares, recibirán un bono de $18.000 (en dos cuotas) y los jubilados y pensionados (que perciben hasta 2 jubilaciones mínimas de $63.860) se les otorgará un bono $12.000 (en una cuota), que complementa el bono de $6.000 de abril. Por otra parte, con el impuesto a las “ganancias inesperadas” para empresas con ganancias netas imponibles superiores a los $1000 millones en el año, no queda demasiado claro cuantas empresas estarían alcanzadas.

Medidas cortoplacistas que no garantizan bajar la inflación

Por ende, tampoco cuál sería la recaudación potencial. Siendo que el proyecto podría no ser aprobado (dado que debe pasar por el parlamento), la financiación del bono recaerá en mayor inflación prevista para este año y en el ingreso extra que aportan las retenciones a las exportaciones, con la soja arriba de los US$600 la tonelada.

En síntesis, estas medidas tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias en el corto plazo. Pero sin un programa antiinflacionario creíble y reformas estructurales consistentes, estos bonos se licuan. El financiamiento de estas medidas cierran con:

• El aumento de la nominalidad de la economía (producto de la aceleración inflacionaria).
• Los mayores ingresos por derechos de exportación (estimados en 0,2% PBI).
• La continuidad en 2022 de la recuperación económica.

Más allá de esto, la dinámica del gasto público deberá desacelerarse (especialmente de subsidios económicos que suben al 190% interanual en el primer bimestre de 2022) en los próximos meses para poder cumplir con la meta fiscal fijada con el FMI (de 2,5% del PBI). Las medidas anunciadas tras el último dato de inflación es un paquete fiscal de cortísimo plazo, basado en transferencias a los sectores más vulnerables (por única vez) que no va a resolver el deterioro en los ingresos reales. Acudir a las políticas de ingreso, sin un programa para atacar el problema de raíz, puede generar expectativas en los agentes económicos. ¿Cuáles? Esencialmente:

• Que este “nuevo IFE” no sea el último del año.
• Temor de una mayor expansión del gasto, o cualquier desvío importante respecto de las metas fijadas con el FMI, que puedan traducirse en:
• Una ampliación de la brecha cambiaria después de julio.
• En mayores presiones inflacionarias, cuando se supone que los precios deberían empezar a ceder.

El impulso fiscal a lo largo de 2022 puede ser cada vez mayor y esto, claramente, juega en contra a la hora de anclar expectativas (lo urgente en esta coyuntura), con el riesgo asociado de incumplir las metas con el FMI (provocando un deterioro mayor en la actividad económica, lo contrario de lo que se pretende).