OPINIÓN. Si bien se anunció una reducción de las transferencias discrecionales a provincias y así disminuye el déficit fiscal en el corto plazo, resulta más que necesario un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional para que esto sea sustentable en el mediano plazo.

Habitualmente, las transferencias discrecionales se asocian a los Aportes del Tesoro Nacional y estos están regulados en la ley de Coparticipación, que fija que una porción de la masa coparticipable la asigna arbitrariamente el ministerio del Interior.

Asimismo, hay otras transferencias de fondos nacionales hacia las provincias, establecidas en obligaciones reguladas, como las compensaciones que mantienen las cajas jubilatorias de sus empleados públicos. Algunas otras son gastos directos de la Nación en el territorio de las provincias administrados discrecionalmente (por ejemplo, los programas nacionales de los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, entre otros). Estos últimos se superponen con gastos provinciales.

Las provincias del norte, favorecidas

Tomando datos del ministerio de Economía y excluyendo los gastos directos que hace la Nación en las provincias, para 2022 las provincias del norte se quedaron con un 74% de sus ingresos de la coparticipación y un 9% adicional de transferencias discrecionales de fondos nacionales.

Las del centro obtuvieron el 54% de la coparticipación y un 6% adicional de las transferencias discrecionales. Y las del sur, por su parte, consiguieron el 45% de sus ingresos de la coparticipación y un 3% adicional de las transferencias discrecionales.

En pocas palabras, las trasferencias automáticas y discrecionales tienen un sesgo a favor de las provincias del norte y no han conseguido revertir el rezago en el desarrollo en las mismas.

Una estructura de incentivos perversa

Resulta paradójico que la coparticipación federal genere una estructura de incentivos perversa, operando como una transferencia monetaria automática y no condicionada. Las prácticas clientelares de los gobiernos locales están orientadas a la perpetración en el poder. Diferentes reparticiones nacionales disponen transferencias discrecionales para ayudar a las provincias postergadas y esto termina potenciando el problema.

En síntesis, hay que plantearse una reconstrucción de la organización federal, a partir de un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre provincias y Nación.

Algo fundamental es suplantar la coparticipación por la separación de fuentes tributarias con un Estado nacional que se financie con impuestos al comercio exterior, a la seguridad social y la totalidad del impuesto a las ganancias. En el caso de las provincias, sería con la totalidad del IVA, unificado con Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio municipales.

Para las provincias del norte, sería esperable un fondo de convergencia para futuros planes de desarrollo. Reducir las transferencias discrecionales no es sustentable si no se vuelve al federalismo. La forma de darle sustentabilidad a cualquier ajuste fiscal radica en ser capaces de hacer un ordenamiento integral del Estado, en los tres niveles de gobierno. Solo de esta manera, se podrán superar los crónicos déficits financieros y de gestión del sector público.

(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA