OPINIÓN. En los últimos años, creció el empleo público, el empleo asalariado no registrado y el cuentapropismo. No hubo (casi) aumento de empleo asalariado registrado en empresas privadas.

Es a través del trabajo que las personas se desarrollan humana y profesionalmente y las familias donde los adultos que la conforman tienen empleos de calidad, generalmente, son hogares de clase media. Por esto, es fundamental que las empresas privadas cumplan con las normas laborales y de la seguridad social.

Entre 2012 y 2022, los trabajadores privados registrados pasaron de 6 millones a 6,1 millones. Queda claro que la casi nula generación de empleo de calidad implica no dar oportunidades de progreso. El empleo público, en la última década, incorporó a 740 mil personas. El empleo asalariado no registrado (informal) creció en 700 mil personas. Mientras que el empleo por cuenta propia creció en 1,3 millones de personas.

Los empleos que se crean son de baja calidad

Casi un cuarto del crecimiento corresponde al empleo público, otro cuarto es empleo asalariado en negro y la mitad es cuentapropista. Dentro de este último, además, solo el 65% está registrado en el monotributo. Y, a su vez, dentro del monotributo, solo el 20% está en la categoría D o superior. Esto significa que tienen una remuneración promedio mensual de $200 mil o más. Es decir, cuentapropistas con un nivel de ingreso que les permite no caer en la pobreza.

Los elevados costos laborales no salariales desalientan la contratación en blanco. Con aportes y contribuciones a la seguridad social, la carga es equivalente al 44% del salario bruto. A esto, se le agrega otro 5% (aproximadamente) fijado en los convenios colectivos. Además, están las escalas salariales y demás condiciones que imponen los convenios a un universo masivo y heterogéneo de empresas. La indemnización por despido, acrecentada por multas, en lugar de ser destinadas al Estado, se desvía al trabajador y a los honorarios de su abogado. Con todo esto, el costo de finalizar una relación laboral es incierto.

En síntesis, esta situación es el resultado de leyes laborales y convenios colectivos de las décadas de los 70 y 80 que nunca se han actualizado. La obsolescencia de las regulaciones laborales condena a cada vez más gente a empleos por fuera de las normas laborales. Claramente, la modernización de las instituciones laborales implica una agenda desafiante. Los puntos primordiales son:

• Fijar, para las pymes, un mínimo no imponible en la determinación de la masa salarial sujeta a cargas sociales.
• Permitir a las pymes negociar con sus trabajadores un acuerdo propio por fuera del convenio colectivo sectorial para adaptar las remuneraciones y condiciones de trabajo.
• Regresar a una indemnización por despido tarifada, sin recargo de multas y con un seguro para moderar sus impactos