OPINIÓN. De priorizarse solo un plan de ajuste fiscal, las probabilidades de fracaso se vuelven altas. Los subsidios económicos deben tender a desaparecer paulatinamente junto con el fortalecimiento de las tarifas sociales, que son responsabilidad de las provincias y sus municipios.

Ante la aceleración inflacionaria, aparece de modo invariable un ajuste fiscal. Máxime, con un BCRA vendiendo dólares que no son propios, saldo de exportaciones menos importaciones en negativo (u$s1.700 millones mensuales), emisión, récord de Leliq y cepo cambiario.

Pero no solo se trata de ajustar, sino, también, de equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas y mejorar la gestión. No actuar, asimismo, implica que la inflación haga el ajuste. En otras palabras, que el aumento de precios licue gastos y deudas. También cabe la posibilidad de tomar medidas tales como manipular la movilidad previsional, congelar salarios e inversiones, aumentar impuestos, entre otras.

Lo cierto es que tanto una vía como la otra permiten bajar transitoriamente el déficit financiero, a costa de aumentar los déficits de gestión pública y el sesgo antiproductivo. Desde luego que es desafiante, pero si se busca salir de este círculo vicioso, no basta con un mero ajuste, sino que hay que abordar un ordenamiento integral del Estado que permita el equilibrio fiscal para expandir la producción y mejorar la situación social.

La composición del gasto público nacional

Si miramos la composición del gasto público nacional, dentro de 2022, el gasto primario de Nación fue de 20,3% del PBI y se distribuyó en funciones nacionales (seguridad social, universidades, obra pública interprovincial y de funcionamiento) con un 15% del PBI, en subsidios económicos (energía, transporte y otros) con un 2,8% del PBI y en funciones provinciales (salud, educación, vivienda, urbanismo y asistencia social) con un 2,5% del PBI.

De concentrarse solamente en las funciones que le corresponden, aparece un 5,3% del PBI para reducir el gasto público nacional. Los subsidios económicos deben tender a desaparecer paulatinamente junto con el fortalecimiento de las tarifas sociales, que son responsabilidad de las provincias y sus municipios.

Concretamente, la reforma funcional del Estado tiene que ir con un ordenamiento tributario acorde. El financiamiento de las provincias debería centrarse en el IVA (y que este absorba Ingresos Brutos y tasas municipales) y un impuesto al patrimonio (unificando Bienes Personales, inmobiliario y automotor).

En el caso de la Nación, debería financiarse con un impuesto que unifique los aportes a la seguridad social y ganancias de las personas humanas. Y, por otra parte, ganancias de las empresas, aduana y contribuciones patronales. También es imperante derogar la ley de coparticipación y asignar solidariamente recursos a un Fondo de Convergencia que les garantice el actual nivel de financiamiento a las provincias del norte del país, pero con un plan que active su desarrollo.

En resumen, de priorizarse solo un plan de ajuste fiscal, las probabilidades de fracaso se vuelven altas, ya que se padecen deficiencias organizativas. Entre ellas, la conformación del sistema tributario, los incentivos perversos de la coparticipación y las ineficiencias que generan los solapamientos. El ajuste per se estabiliza, pero no remueve las trabas al desarrollo. Un planteo más sensato es fundamental para darle mayor consistencia al shock fiscal.