OPINIÓN, columnista invitado (*)| La aceleración de esta variable llega en medio de una interna sobre la conducción de la política económica y sobre las prioridades que deben fijarse hasta las elecciones de 2023.

Hoy se conoció el índice de inflación más alto en los últimos 20 años. El INDEC informó que la inflación de marzo fue del 6,7%. La variación interanual llegó al orden del 55,1%. De esta forma, la acumulada del primer trimestre de 2022 se posiciona por encima de lo previsto (16,1%). En marzo, las aperturas que mostraron mayores incrementos fueron “Educación” (+23,6%), “Prendas de vestir y calzado” (+10,9%) y “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (+7,7%).

Asimismo, la “inflación en alimentos” registró el guarismo de 7,2%, un registro que no cede (y resulta clave para la medición de la pobreza) con respecto al mes pasado (febrero, 7,5%). Si miramos por categorías, en marzo, se sigue evidenciando una distorsión en términos de precios relativos, ya que los estacionales se movieron un 6,2% y los regulados corrieron al 8,4% (dejando un IPC núcleo del 6,4%).

Con una inflación cercana a los 7 puntos, obtuvimos el registro inflacionario más elevado desde abril de 2002 (10,4%). En aquel entonces, los precios subían después de que el dólar pasó de $ 1 a $ 4. A diferencia de lo que vivimos en este contexto de “paz cambiaria”. En sí, una tasa mensual por encima de los 6 puntos, implica una tasa anualizada por encima del 80%.

Inflación imparable: razones económicas y políticas

Por motivos económicos como políticos, el dato de inflación de marzo no es una cifra más. Por una parte, es la tasa más alta de la gestión. Por otra parte, la aceleración de esta variable llega en medio de una interna sobre la conducción de la política económica y sobre las prioridades que deben fijarse hasta las elecciones de 2023.

La dinámica inflacionaria prende las luces de alerta, ya que la tendencia alcista podría espiralizarse, tras la caída de la tasa en el primer año de gestión (36,1% en 2020) y la suba a 50,9% en 2021. Después de un último relevamiento de expectativas, se espera una tasa cercana al 60%. Recordemos que el déficit fiscal pasó de 0 a 6,5% del PBI en 2020, en medio de la pandemia.

El BCRA recurrió a la emisión, aunque no termino ahí, debido a que, entre 2020 y 2021, la expansión monetaria llegó a una cifra equivalente a 11 puntos del PBI. El no corrimiento de tarifas y del dólar (que no evolucionaron a la par del resto de los precios de la economía) es parte de ese agujero fiscal, financiado vía emisión.

La lectura desde Hacienda es que la presión que significó para el mercado doméstico el salto de los commodities a nivel internacional (metales, alimentos y energía, decisivos para las cadenas de producción globales) impacta en estos niveles de inflación, que no solo se ven a nivel local (Holanda +14,7%, España 3,9%, Italia +2,6%, Alemania +2,2% o Brasil +1,62%, mes de marzo).

El Gobierno sostiene que el problema de la inflación es “multicausal”

Desde el Ministerio de Economía se sostiene la multicausalidad, en aspectos monetarios, fiscales, de reservas y de expectativas. En primer lugar, se asegura que la monetización del déficit fiscal está actualmente en niveles de 0,15% del PBI, mientras la meta con el Fondo Monetario Internacional es de 1% del Producto. Y se prevén nuevos ajustes en la tasa de interés. Aunque en lo concreto, el BCRA, el 11 de abril, llegó a los 5 billones en pasivos remunerados. Y es allí donde debería ponerse el foco de atención.

La fijación de expectativas (dentro de lo que se inscriben medidas microeconómicas, principalmente Comercio Interior), para Hacienda, descansa, esencialmente, en controles de precios. La semana pasada quedó establecida la nueva etapa de “Precios Cuidados”, con más de 1.700 productos y aumentos mensuales autorizados de 3%, nuevas canastas de carnes y verduras con precios de referencia y un “mini Precios Cuidados” para comercios de cercanía con 60 productos con valor acordado.

Lo que aún no se formalizó fue el fideicomiso del trigo. En otras palabras, el fondeo que provendrá del ingreso extra que tendrá el fisco por el aumento de derechos de exportación para harina y aceite de soja. Con ese subsidio, se busca desacoplar el precio internacional y retrotraer precios de los productos que insumen harina.

Sin nuevas medidas inminentes, parte de la ecuación incluye impulsar las negociaciones paritarias, después de que el 2021 terminó con un resultado levemente positivo para los empleados privados formales y para los públicos, pero desfavorable para los no registrados.

Lo cierto es que más allá de los controles de precios (que no funcionaron en el pasado ni funcionan en la actualidad) encarar contundentemente el problema inflacionario implica llegar a un gran consenso político para modificar el sistema previsional, laboral e impositivo. Clave para que no se tenga que recurrir o a la deuda o la emisión para tapar el agujero fiscal de manera crónica. Más allá del FMI en sí, preocupa la falaz creencia de que sin reformas estructurales se puede salir de un escenario como el actual.