OPINIÓN. El FMI tuvo que flexibilizar las metas en función de la alta inflación. La principal causa de los aumentos de precios es la emisión. Y son los subsidios económicos los que la demandan.

En la segunda revisión a junio 2022, en el documento técnico del FMI, se explica que el waiver fue posible gracias a que las metas fueron flexibilizadas en función del contexto. Por citar un ejemplo, la meta original de déficit fiscal para junio 2022 era de $567.000 millones y el déficit observado fue de $800.000 millones. Los técnicos del organismo aceptaron ajustar esa meta a $849.000 millones por el aumento de los precios. Y con este cambio, se evito la caída del acuerdo.

Lo relevante es que para la población, especialmente la más vulnerable, la inflación se vuelve cada vez más compleja y se impone la prioridad de reducirla. En el actual contexto, la emisión monetaria tiene una centralidad decisiva. Por eso, y sin margen para aumentar impuestos, es urgente bajar el gasto público.

Los subsidios económicos

Dentro de los componentes del gasto público que podrían ser revisados, sirve poner la atención en los subsidios económicos. Y, según datos de la ASAP, se pueden proyectar para el 2022 que los subsidios a la energía ascienden a 3% del PBI, los subsidios al transporte, por su parte, ascienden a 0,7% del PBI y los subsidios a AySA, la empresa de agua de la región metropolitana, ascienden a 0,2% del PBI.

En pocas palabras, los subsidios económicos equivalen a 3,9% del PBI, más que el déficit proyectado para 2022 que es de 2,5% del PBI. De lograr morigerarlos, se podría reducir la emisión monetaria y, por añadidura, la inflación. Frente a este desafío, la segmentación de tarifas es inconducente. Tanto porque su instrumentación es muy compleja como porque no resuelve los problemas de fondo.

CAMMESA, en materia de energía eléctrica, absorbe una considerable masa de recursos públicos. La mayor parte porque compra la energía a un precio mayor al que le vende a las distribuidoras. Las distribuidoras eléctricas, asimismo, no le pagan a CAMMESA esta energía que les vende. En efecto, el proyecto de ley de presupuesto 2023 prevé que la Nación podrá descontarles a las provincias las deudas que generen sus distribuidoras de electricidad con CAMMESA. La lógica es que, si una provincia regula los precios de la electricidad por debajo de los costos, sea ella la que se haga cargo del quebranto.

En el AMBA, es la Nación la que regula los precios de la electricidad. Por ende, el mecanismo que se propone en el proyecto de presupuesto no podrá ser aplicado a las principales generadoras de deuda con CAMMESA que son las empresas Edenor y Edesur. En resumidas cuentas:

• Se combaten los subsidios a la energía para el interior del país, pero se mantienen para el AMBA
• Una distorsión similar se observa en los subsidios al transporte donde la mayor parte es para trenes y colectivos del AMBA y una parte menor para los colectivos de las provincias
• Una situación más extrema se da con AySA, con fondos nacionales destinados enteramente al servicio de agua y cloacas del AMBA

Resulta evidente que reducir los subsidios es prioritario. El planteo debería estar en que las tarifas reflejen los costos reales y contemplar tarifas sociales para las familias de bajos ingresos. La tarifa social debería ser administrada por las provincias. Esto es por el reparto de competencias que establece la Constitución Nacional y, además, porque es la única manera de contemplar las particularidades de cada región en materia de clima, cobertura de servicios públicos y situación social.