De los últimos datos que nos dejó la semana pasada surge que la actividad industrial, en diciembre y según el Indec, tuvo una expansión del 0,5%, respecto al mes pasado. Por su parte, la producción industrial registró un crecimiento acumulado anual del 15,8%, respecto al año anterior. Si bien el nivel de actividad está en términos superiores a los niveles prepandemia, aún se muestra inferior al período precrisis 2018-2019. Considerando la construcción, en diciembre, tuvo un avance del 2,7% y en su variación interanual se ubicó en 4,6%. Aunque en la variación respecto a los niveles de febrero de 2020, se ubica en un 26,5%. En noviembre, los puestos de trabajo de este sector se mostraron creciendo en un 18,7%, respecto a noviembre de 2020. Pero aún falta recuperar casi 8000 puestos de trabajo respecto al mismo mes de 2019.

Asimismo, las cifras del turismo mostraron que, en diciembre, el turismo receptivo fue de 72.000 personas, mientras que el turismo emisivo fue de aproximadamente 94.000. Para ponerlo en perspectiva, interanualmente, el turismo receptivo muestra un incremento del 372% mientras que el emisivo un incremento del 78,6%. Yéndonos a los niveles de 2019, el turismo emisivo sigue un 61% por debajo de los niveles de octubre de 2019, mientras que el receptivo lo hace en un 76%. Además, se implementaron cambios en el sistema de Capacidad Económica Financiera de la AFIP, lo que provoca que varias empresas no puedan acceder a permisos de importación. Por otra parte, se anunció la primera actualización trimestral del año para jubilados y pensionados. Esta se ubica en el 12,3% aproximadamente y se efectivizará a partir de marzo. Por último, en la primera licitación de febrero, el Ministerio de Economía colocó más de $98.000 millones, y acumula un financiamiento neto de $78.900 millones aproximadamente. En otras palabras, se acumula un financiamiento neto anual de $218.516 millones. Esto implica una tasa de refinanciamiento del 169%.

Más allá de los datos que aún seguimos viendo y terminan de delinear el contexto actual, hoy, y con posterioridad al entendimiento con el Fondo, la mirada está sobre el eje energético y las tarifas. Principalmente, porque se han diferido en los últimos dos años a una gran velocidad. En paralelo con el anterior proceso de atraso tarifario (2002-2015), el ritmo de la caída actual es elocuentemente mayor porque para alcanzar el abaratamiento actual del 50%, en dos años, se necesitaron 6 años en el periodo anterior. La alta tasa de inflación genera que, ante el mismo congelamiento nominal de la tarifa, el atraso real y la discrepancia entre precios y costos, corran a un ritmo mucho mayor. La contracara es el incremento del gasto público destinado a los subsidios. En 2021, se gastaron u$s11.000 millones en concepto de subsidios energéticos, un 150% más que los u$s4.400 millones de dólares de 2019. ¿Y por qué hoy con el acuerdo del FMI las miradas están sobre esta partida? Sencillamente, porque fue, por lejos, la que mayor desajuste ha generado en las finanzas públicas. Tengamos presente que el compromiso asumido de reducir el déficit primario durante este año es de un 2,5% del PBI, partiendo de 3,1%.

Para abordar este objetivo existen dos problemas:

1. El precio internacional (carácter externo) se encuentra en récords históricos. Aunque sea solo una parte del costo total de la generación de energía, si las importaciones costarán más que el año pasado será difícil lograr reducir los subsidios.

2. El abordaje político (carácter interno). Recordemos que el año pasado no fue posible avanzar con un ajuste tarifario y este año únicamente se logró plantear una segmentación de tarifas y un ajuste generalizado de aproximadamente 20% (por debajo del aumento de la inflación y de los costos) para el resto de los usuarios.

Al margen de que el conjunto de usuarios alcanzados por la segmentación representa apenas un 10% del total, si nos focalizamos en el sistema de energía eléctrica, para eliminar por completo los subsidios, habría que incrementar el valor en un 130% aproximadamente. Luego, para que no vuelvan a tener que ser subsidiados, ir siguiendo un camino que se ciña a la inflación. Y todo esto sin considerar actualizaciones para los componentes del transporte y la distribución, que en el AMBA representan cerca del 30% de la tarifa antes de impuestos. Aun suponiendo que esto último es políticamente viable, como recaería sobre el 10% de los usuarios mientras que para el otro 90% no podría haber aumentos superiores al 20% nominal, en un contexto de inflación promedio del 55%, en realidad implica más atraso tarifario y, por carácter transitivo, de aumento de los subsidios y no de reducción.

Lo concreto es que las implicancias de esto son centrales para el acuerdo con el FMI y el futuro de la macroeconomía, ya que, si el componente del gasto público donde mayor consenso habría para avanzar en una corrección no estaría pudiendo reducirse, se incrementan las dudas sobre la factibilidad del cumplimiento de la meta fiscal del 2,5% del PBI. De esta forma, la posibilidad de que pueda haber ahorro en otras partidas, sin reformas estructurales, sería mucho más difícil. Para que no implique un incremento del déficit, los recursos deben crecer igual o por encima de la inflación. Y, por otro lado, cumplir la meta a costa de mayor inflación, no es una solución al déficit fiscal, sino un parche que requiere una tasa de inflación sistemáticamente cada vez más alta.