La Constitución Nacional, en su artículo 16, nos recuerda que todos los habitantes son iguales ante la ley: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Sin embargo, nuestra realidad no siempre parece satisfacerlo.