En casi todos los países, el estado o instituciones privadas no comerciales incentivan económicamente el ejercicio de la actividad científica, mediante subsidios o pagando salarios a investigadores. Según la teoría económica, si no lo hicieran, el volumen de aquella sería menor que el socialmente óptimo, pues muchos de los resultados que produce la ciencia son bienes públicos que no se transan en los mercados sino que quedan libremente a disposición de todos. Las entidades públicas o privadas que fomentan la investigación necesitan establecer una política de subsidios que les permita distribuir entre proyectos competitivos, de la mejor forma posible, un volumen limitado de recursos. La ciencia económica puede ayudar a encontrar las mejores respuestas a la pregunta sobre cómo hacerlo.