Tanto en Brasil como en Argentina, las décadas de los 70 y 80 se caracterizaron por una gran participación estatal en la provisión de servicios de infraestructura. Este esquema evidenció signos de agotamiento por las crisis fiscales en ambos países, que llevaron a mínimos valores las inversiones, incluidas las de mantenimiento; en Argentina en particular se agregaron congelamientos periódicos de tarifas y la necesidad de subsidios para mantener la operación, considerada de deficiente calidad. Lo anterior llevó a un proceso de privatizaciones y regulación en los 90. Este proceso siguió la tendencia internacional de promoción de la participación de empresas privadas en el mercado junto con la creación de agencias reguladoras nacionales por sector (además de estaduales en Brasil y provinciales en Argentina), independientes de los gobiernos, y la implementación de normas e instituciones orientadas a la defensa de la competencia y de corte antitrust. Las experiencias internacionales exitosas ejercieron un efecto demostración positivo en todo el proceso y los cambios tecnológicos jugaron un rol central, facilitando la desintegración vertical, en algunas industrias, de los monopolios naturales respecto de tramos competitivos. Aunque en términos generales en todos los casos se siguió un mismo patrón desde la perspectiva de la regulación, cada sector presenta características particulares que ameritan su tratamiento particular.