Los economistas deben discutir en qué medida la herencia del gobierno del Frente de Todos constituye o no una bomba de tiempo.

La publicación de dos comunicados de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio alertando sobre la herencia del gobierno de Alberto Fernández colocaron en el centro de la discusión pública la política económica del gobierno. 

Luego de que el segundo comunicado adoptara un tono bastante más contundente que el primero respecto de la política económica del oficialismo la respuesta del gobierno no se hizo demorar. Distintas voces del Frente de Todos y algunos consultores privados acusaron a la oposición de buscar provocar una crisis económica. 

Queda para los economistas discutir en qué medida la herencia del gobierno del Frente de Todos constituye o no una bomba de tiempo. Desde el punto de vista político, los comunicados de Juntos tuvieron inesperadamente corrieron la discusión pública hacia la situación económica, tras un par de meses en los que la misma estuvo dominada por la agenda judicial del kirchnerismo. 

El legado económico de la gestión de Alberto Fernández, más allá de si es explosivo o no, difícilmente será positivo. Nada hace prever que la inflación de este año sea del 60% que prevé el presupuesto nacional. A la vez, teniendo en cuenta el impacto de la sequía que azota al país y el ritmo al cual el Banco Central pierde reservas, parece difícil que el próximo presidente herede un nivel de reservas internacionales superior al recibido por Fernández. A ello hay que agregar la maraña de regulaciones cambiarias, que antes que ser un instrumento para evitar la pérdida de divisas, funcionan más bien como una traba para el crecimiento. 

A quien resulte elegido en las elecciones presidenciales de este año le tocará así afrontar una dura tarea: bajar la inflación y revertir más de una década de estancamiento económico. Ello, en el contexto de un extendido descreimiento de parte de la sociedad hacia la dirigencia política y del deterioro social generado por el efecto combinado de casi dos décadas de inflación de dos dígitos y algo más de una de ausencia de crecimiento. La experiencia de los demás países de América Latina es una advertencia clara sobre lo que le espera a quien asuma la presidencia: hay crecientes demandas sociales, (preexistentes a, pero agravadas por la pandemia) y baja tolerancia hacia el ajuste. De ello resulta que la luna de miel de la que suelen gozar los gobiernos entrantes se ha acortado drásticamente, fenómeno que se traduce en una rápida caída de la aprobación presidencial. 

Algunos analistas señalan que el fracaso económico de la gestión de Mauricio Macri se debió a que no sinceró desde un primer momento la herencia recibida (es decir, a un tema comunicacional) y al gradualismo como enfoque de política económica. Ambas críticas me parecen erradas. De nada le habría servido a Macri señalar la gravedad de la situación económica en diciembre de 2015 si la percepción social predominante era otra. A la vez, con un mandato electoral débil -Macri fue votado solo por un tercio del electorado en primera vuelta y ni siquiera fue el candidato más votado de aquella instancia-, sin mayoría en ninguna de la dos cámara del Congreso y sin control de la calle, el margen político disponible para aplicar una política de shock era escaso. El problema en todo caso pasó por un error de diagnóstico: subestimar la magnitud de los problemas y sobre estimar las capacidades de resolver los mismos. 

El próximo gobierno no tendrá la posibilidad de adoptar un enfoque gradual a la hora de afrontar los problemas que aquejan la economía argentina independientemente de cuál sea el margen de maniobra del que disponga en términos políticos. De ahí la centralidad de la discusión sobre el legado de la actual política económica. En términos políticos tiene sentido plantear la discusión dado que todo el costo político que se ahorre el gobierno dejando para más adelante la adopción de decisiones políticamente costosas, lo pagará con elevados interesas la próxima gestión. 

Alertar sobre la herencia del actual oficialismo, antes que contribuir a detonar una supuesta bomba, es advertir al oficialismo del costo que genera -no ya solo para el próximo gobierno sino para el conjunto de la sociedad- continuar con un enfoque de política económica que alguna vez denominé como “election-targeting” y que consiste básicamente en sujetar las decisiones económicas a un objetivo electoral, postergando indefinidamente las decisiones políticamente costosas, pero necesarias para resolver los problemas estructurales que de hace ya un buen tiempo aquejan a la economía argentina.