En la actualidad, muchos sistemas de información se encuentran desarrollados utilizando como metodología la orientación a objetos. La naturaleza propia de un objeto permite que este posea los datos que permiten representar a un elemento del dominio del problema en particular. Por añadidura, la totalidad de los estados de todos los objetos de un sistema representarían los datos del dominio del problema sobre el que se está trabajando.

Se analiza la política económica desde la perspectiva de los procesos decisorios. Las cosas no “ocurren”, sino que alguien las hace ocurrir. A raíz de la necesidad de adoptar decisiones, la realidad puede ubicarse dentro de la frontera de posibilidades de producción, basada en las dotaciones y la tecnología en uso, y por consiguiente convertirse en la restricción operativa del sistema. Para ilustrar este enfoque, se seleccionan cuatro episodios, dos referidos al ámbito internacional, dos al local.

La temática abordada en el presente trabajo refiere a la observación o exploración de las prescripciones de gobernancia del sector público contenidas en los prospectos de emisión de bonos provinciales autorizados a la oferta pública. El objeto de esta investigación es realizar una contribución a la transparencia y a la eficiencia de los mercados de títulos públicos; particularmente en lo que respecta a la emisión y colocación de títulos públicos provinciales argentinos.

En el presente trabajo se describe un experimento llevado a cabo con un conjunto de inversores que permitió concluir que, en algunos de ellos, existe una apreciable relación entre la cantidad de noticias de empresas cotizantes que aparecen en los medios y la cantidad de operaciones que ellos efectúan y el volumen negociado en las mismas. Dicha relación depende del tipo de inversor.

Uno de los primeros casos internacionales de regulación de las telecomunicaciones que buscó que los operadores establecidos (incumbentes) compartieran sus economías de alcance y de red con sus competidores fue el que tuvo lugar en los Estados Unidos a través de la denominada Telecomm Act (1996), y de la posterior actuación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de ese país.

Argentina se encuentra a la espera de su inclusión como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE-. En este sentido ha presentado un Plan de Acción 2016/2017, que incluye reformas en áreas de políticas públicas, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico, la competitividad y las instituciones. Sin dudas, uno de los puntos fundamentales que la OCDE fomenta y trabaja en los países miembros o candidatos a serlo, es la integridad pública.

El 1 de setiembre de 2018 se cumplirán 50 años del fallecimiento de Miguel Sidrauski. La ocasión merita reeditar un pequeño libro (¿largo ensayo?), titulado Héctor Luis Diéguez, Miguel Sidrauski y los comienzos de la licenciatura en economía en Argentina.

Los contratos de asociación público privada (APP) se utilizan frecuentemente en la prestación de servicios públicos. Uno de los puntos clave a considerar en estos contratos (y de donde deriva gran parte de su conveniencia) es la asignación de los riesgos a la parte que tiene mejor capacidad para evitarlos o, si se producen, mitigarlos. El presente trabajo analiza la distribución de riesgos en contratos de asociación público privada (APP) aplicados a la concesión de servicios de agua y saneamiento en siete ciudades de Latinoamérica. 

In the Argentine hyperinflations of 1989 and 1990, quasi-fiscal deficits were a major part of the problem. The Central Bank´s quasi-fiscal activities are financed directly by money printing but in some cases the monetary authority tries to sterilize the effect on the money supply by issuing debt or by increasing reserve requirements (it is not uncommon to pay interest on reserves when this happens). Thus, a new source of quasi-fiscal deficit arises, i.e. the interest payments on the Bank´s liabilities.

En este trabajo planteamos un modelo de estatización de empresas privadas basado en el supuesto de que el gobierno es un agente maximizador de recursos fiscales. El gobierno puede permitir el funcionamiento de una empresa privada y obtener recursos fiscales a través de impuestos o puede estatizar la empresa y obtener recursos fiscales de los beneficios de la empresa estatal.